Sabíamos que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía que cambiar su modelo de brindar servicios. Un monopolio en quiebra, con un servicio pobre y para colmo caro no puede subsistir a menos que siga explotando económicamente a sus abonados. Una transformación real era necesaria.
El contratar a alguien con experiencia en brindar servicio eléctrico para administrar era una buena alternativa. Pero botaron al bebé junto con el agua sucia. Lo que se propone en el contrato con LUMA es indigno para nuestro pueblo. Que no tengan que responder por negligencia crasa ni por daños intencionados es darle licencia para matar. Esto solo lo pide el que sabe que no puede dar el servicio correctamente. De hecho, aunque el activo sigue siendo del gobierno el que lo administra, LUMA, no asume su responsabilidad como representante del gobierno. De hecho, no está sujeto a muchas leyes que gobiernan la acción del ejecutivo. Aquí pudiera haber un conflicto de índole constitucional.
El atropello a los empleados es monumental. Ni tan siquiera garantizan empleo para todos los empleados de la autoridad y para colmo el gobierno tendrá que absorber a aquellos que no renuncien para irse con LUMA. El pueblo pagará por reembolso todas las plazas que necesite LUMA y a su vez le pagará a los que fueron empleados de Energía Eléctrica que se relocalicen a otras agencias.
Para correr los servicios que implica llevar energía eléctrica a todo Puerto Rico se necesita un mínimo de empleados que LUMA no tiene. Ellos hablan de traer empleados de Estados Unidos que no conocen el sistema y a los cuales se les tendrá que pagar a las tarifas de sus compañías de origen. Para colmo están tomando posesión de la autoridad cuando comienza la temporada de huracanes. Si nos tenemos que enfrentar a un evento atmosférico de importancia vamos a vivir una tragedia.
Para capitalizar al nuevo administrador habrá que darle de entrada 1000 millones de dólares de los cuales 750 millones de dólares saldrían del Fondo General y 250 millones saldrían de los ahorros de la autoridad de energía eléctrica destinados a pagar la deuda a los bonistas.
Como ya es obvio el aumento en tarifas es inevitable y esto va a afectar nuestra maltrecha economía de manera significativa.
Ellos, LUMA, van a administrar los más de 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de la infraestructura de energía eléctrica. Sin embargo, no van a ser fiscalizados ni responderán a ninguna dependencia del gobierno de Puerto Rico. Se habla que la autoridad para las APP los va a fiscalizar.
Esta autoridad no tiene ni el personal ni el peritaje para llevar a cabo esta función. Botó la bola por ineptitud el que negoció este contrato.
Yo le pediría la renuncia inmediata a la directiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, excepto al ingeniero Tomás Torres Placa. Como representante del consumidor él ha sido el único que ha dado la cara por el pueblo. Lo próximo que haría sería rescindir el contrato y pagar la penalidad.
Que nos lleven al tribunal. Allí demostraríamos que esto es un contrato leonino contrario al mejor interés del pueblo de Puerto Rico y que bajo las circunstancias actuales el contratante no puede brindar el servicio para el cual fue contratado.
En su defecto, retrasaría por lo menos 6 meses su puesta en vigor y volvería a la mesa de negociación.
Definitivamente la Autoridad de Energía Eléctrica necesita una transformación para bien. Esto que se propone en el contrato con LUMA no es transformación, es atropello.
Sr Gobernador, la bola está en su cancha.
Dr. César Vázquez Muñiz, fundador Proyecto Dignidad 2021
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